Así será la ley de cambio climático una vez aprobada
05 Mayo 2021 • Medio Ambiente

Así será la ley de cambio climático una vez aprobada

  • Para 2030, las emisiones de gases de efecto invernadero deberán reducirse un 23% respecto a los niveles de 1990.
  • La ley establece que «el empleo neto aumentará entre 250.000 y 350.000 personas» para el año 2030 gracias a las medidas propuestas.

Jose A. Cano

 

Con el visto bueno del Senado, solo queda la aprobación final del Congreso de los Diputados para al fin tener –la durante mucho tiempo esperada– Ley de Cambio Climático y Transición Energética. Casi un año de tramitación, pandemia mediante, para conseguir una norma que ahora también canalizará parte de los fondos de recuperación de la UE.

El objetivo principal y más ambicioso de la ley es que España logre antes del año 2050 la llamada «neutralidad climática». Esto es, que el país solo emita los gases de efecto invernadero que puedan ser absorbidos por los sumideros, por ejemplo, los bosques. Para ello, la norma establece una serie de metas intermedias y de medidas concretas.

En el preámbulo de la ley se asegura que la transición energética, a través de esta norma, «permite movilizar más de 200.000 millones de euros de inversión a lo largo de la década 2021-2030». Además, se sostiene que «el empleo neto aumentará entre 250.000 y 350.000 personas al final del periodo» gracias a las medidas propuestas.

En materia de eficiencia energética se prevé reducir en el año 2030 las emisiones de gases de efecto invernadero del conjunto de la economía española en, al menos, un 23% respecto del año 1990. Para entonces, las energías de origen renovable deberán representar al menos un 42% del consumo de energía final. Además, el sistema eléctrico tendrá que estar compuesto, al menos, por un 74% de generación a partir de energías verdes.

También se pone como objetivo mejorar la eficiencia energética disminuyendo el consumo de energía primaria en, al menos, un 39,5%, con respecto a la línea de base conforme a normativa comunitaria. En este sentido, la ley incluye la obligación de un futuro –quizás inminente– Plan de Rehabilitación de Viviendas y Renovación Urbana que permita un uso más eficiente de la energía. También, para atraer recursos hacia las acciones de este tipo, el proyecto amplía hasta 2030 el Fondo de Eficiencia Energética de acuerdo con lo previsto en la nueva Directiva de Eficiencia Energética. 

Igual de importante para la reducción de emisiones es la transición sostenible en movilidad. El coche eléctrico se alza como la herramienta para llegar a 2050 con un parque de turismos y vehículos comerciales ligeros sin emisiones directas de CO2. De hecho, los coches de combustión dejarán de comercializarse por ley para el año 2040. En la misma línea se prevé que el sector del transporte marítimo y puertos reduzca paulatinamente sus emisiones con el objetivo de alcanzar en 2050 las cero emisiones directas cuando los buques estén amarrados o fondeados en los puertos de competencia del Estado.

Con esto, la ley nace para prolongarse y mejorarse en el tiempo. El proyecto establece que un porcentaje de los presupuestos generales del Estado se destinará a contribuir a los objetivos en materia de cambio climático y transición energética. La cantidad será equivalente a la que se acuerde en el marco financiero plurianual de la Unión Europea y será revisada al alza por el Gobierno antes de 2025. No hay que olvidar que la Ley de Cambio Climático y Transición Energética se alinea también con el Pacto Verde europeo –o Green Deal europeo–, la hoja de ruta acordada por la Comisión Europea en diciembre de 2019 de cara al siglo XXI.  

Entrando en consonancia con esta idea de transformación sistémica adaptable, se publicará una Estrategia de Transición Justa cada cinco años. Esta medida establece los futuros convenios de transición justa, que se desarrollarán con la participación de las comunidades autónomas, entidades locales y agentes sociales y económicos para definir las acciones concretas sobre un territorio o colectivo de manera que las medidas de mejora no impliquen el abandono, discriminación o hundimiento de determinados sectores anclados al antiguo modelo.

Más allá del compromiso de la Administración, se establecen también obligaciones medioambientales y de transparencia para el sector privado –equivalentes a los del ámbito público–, planes de participación ciudadana y de creación de comités de expertos y la creación de informes anuales a revisar por el Congreso de los Diputados. La I+D+i será una herramienta fundamental en la estrategia a largo plazo.

Ley del cambio climatico